Ayer, 28 de junio, el Consejo Agropecuario de la UE en Luxemburgo dio el vía libre definitivo a la propuesta de reforma de la Política agrícola común post 2020, tras tres años de negociaciones y tras el acuerdo encontrado en el trílogo entre las tres instituciones europeas el pasado viernes en Bruselas.
Se han logrado avances importantes en los aspectos climáticos y medioambientales, con especial referencia al apoyo financiero para herramientas de gestión de riesgos que podrán utilizar hasta el 3% de los pagos directos y los fondos de desarrollo rural.
La nueva arquitectura verde, uno de los puntos más discutidos dentro de todo el paquete, se basará en las condiciones ambientales que los agricultores deben respetar y en medidas voluntarias adicionales en ambos pilares; un enfoque basado en la eficacia mediante el cual los Estados miembros deben informar anualmente sobre los progresos realizados.
El compromiso establece la definición obligatoria de agricultor activo, el pago redistributivo obligatorio del 10%, salvo excepciones específicas, el régimen opcional para pequeños agricultores y el nivel de convergencia interna de los pagos directos en al menos el 85% del nivel medio de los pagos directos antes del 2026. Se ha mantenido el mismo nivel del 13%+2% de los pagos directos para las ayudas asociadas.
«El siguiente paso será construir los planes estratégicos nacionales que deberán estar enfocados en la simplicidad: no aumentar la burocracia representa el valor agregado para Italia. La Condicionalidad social es sin duda uno de los puntos de calificación de la nueva PAC, junto con las intervenciones previstas para la transición ecológica de nuestro sistema agroalimentario», declaró el ministro italiano de Políticas Agrarias, Stefano Patuanelli.