El Reglamento europeo sobre subvenciones extranjeras entró en vigor ayer. Las nuevas normas para combatir las distorsiones causadas por las subvenciones extranjeras permitirán a la UE seguir abierta al comercio y la inversión, garantizando al mismo tiempo la igualdad de condiciones para todas las empresas que operan en el mercado único.
El Reglamento se aplica a todas las actividades económicas de la UE: abarca las fusiones (fusiones y adquisiciones), la contratación pública y todas las demás situaciones del mercado. Las nuevas normas facultan a la Comisión para investigar las contribuciones financieras concedidas por terceros países a empresas que ejercen una actividad económica en la UE y, en caso necesario, corregir sus efectos distorsionadores.
La nueva legislación incluye tres instrumentos que serán aplicados por la Comisión:
- la obligación de que las empresas notifiquen a la Comisión las fusiones que impliquen una contribución financiera de un gobierno no comunitario: si la empresa adquirida, una de las partes de la fusión o la empresa conjunta genera un volumen de negocios en la UE de al menos 500 millones de euros y si la contribución financiera extranjera en cuestión es de al menos 50 millones de euros;
- obligación para las empresas de notificar a la Comisión su participación en procedimientos de contratación pública cuando el valor estimado del contrato sea de al menos 250 millones de euros y la contribución financiera extranjera sea de al menos 4 millones de euros por país no perteneciente a la UE; la Comisión podrá prohibir la adjudicación de contratos en tales procedimientos a empresas que se beneficien de subvenciones distorsivas;
- para todas las demás situaciones del mercado, la Comisión puede abrir investigaciones por iniciativa propia si considera que puede tratarse de subvenciones extranjeras distorsionadoras. Esto incluye la posibilidad de solicitar notificaciones ad hoc para procedimientos de contratación pública y fusiones menores.
Una concentración notificada no podrá llevarse a término y un licitador investigado no podrá ser adjudicatario de un contrato público mientras dure la investigación de la Comisión. En caso de incumplimiento de esta obligación, la Comisión puede imponer multas de hasta el 10% del volumen de negocios total anual de la empresa. La Comisión también puede prohibir la realización de una concentración subvencionada o la adjudicación de un contrato público a un licitador subvencionado.
El Reglamento otorga a la Comisión una amplia gama de poderes de investigación para recabar la información necesaria.
Si comprueba que una subvención extranjera distorsiona el mercado único, la Comisión sopesa sus efectos negativos en términos de distorsión frente a sus efectos positivos en términos de desarrollo de la actividad económica subvencionada. Si prevalecen los efectos negativos, la Comisión puede imponer a las empresas soluciones estructurales o no estructurales, o aceptarlas como compromisos para remediar la distorsión.
Por regla general, se considera "improbable" que las subvenciones inferiores a 4 millones de euros en tres años sean distorsivas, mientras que las inferiores a los umbrales "de minimis" de las ayudas estatales aplicables en la UE se consideran "no distorsivas".
En el caso de las fusiones notificables y los procedimientos de contratación pública, la Comisión puede examinar las subvenciones extranjeras concedidas hasta tres años antes de la transacción. Sin embargo, el Reglamento no se aplica a las fusiones ya realizadas ni a los contratos públicos iniciados antes del 12 de julio de 2023.
En todas las demás situaciones, la Comisión puede examinar las subvenciones concedidas en los últimos 10 años. Sin embargo, el reglamento sólo se aplica a las subvenciones concedidas en los cinco años anteriores al 12 de julio de 2023, fecha en la que empieza a aplicarse, si distorsionan el mercado único después de esa fecha.
Con su entrada en vigor, el Reglamento pasará a la fase crucial de aplicación. La aplicación efectiva comenzará en seis meses, a partir del 12 de julio de 2023: después de esta fecha, la Comisión podrá abrir investigaciones de oficio. La obligación de notificación para las empresas entrará en vigor el 12 de octubre de 2023.