La posibilidad de una "salida sin acuerdo (no-deal)" del Reino Unido de la Unión Europea después del 12 de abril se hace cada vez más probable. Los acontecimientos y la incertidumbre política de los últimos meses han cambiado el escenario de inicio, que se remonta a hace tres años, haciendo que esta eventualidad sea aún más segura. Como se recordará, el referéndum del 23 de junio de 2016 estableció la voluntad de los ciudadanos británicos de salir la Unión Europea 43 años después de que Londres se uniera a la Comunidad Económica Europea. En marzo de 2017, el Reino Unido notificó su intención de retirarse de la UE y activó el procedimiento previsto en el artículo 50 de la Tue, el Tratado de la Unión Europea. Después de aproximadamente un año y medio de negociaciones, el 25 de noviembre de 2018, se alcanzó un acuerdo que estipulaba el 26 de marzo de 2019 como la fecha para el "Brexit" y un período de transición para la salida real.
En este punto, solo una prórroga adicional otorgada por la Unión Europea o la revocación unilateral del artículo 50 por parte del Reino Unido, como lo ratificó el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en la sentencia pronunciada el 18 de diciembre pasado, podría impedir una salida sin acuerdo que comportaría que el Reino Unido se convertiera en un tercer país con efecto inmediato, sin un régimen de transición. La Comisión Europea, en estricto acuerdo y colaboración con los Estados miembros, se preparó para este escenario presentando una serie de medidas de emergencia y publicando avisos en sectores específicos para presentar a los operadores afectados las consecuencias del desistimiento sin acuerdo.
Aquí se citan algunos aspectos que podrían afectar directamente a las empresas:
- Aduanas: al Reino Unido se aplicarían las normas comunitarias para las mercancías importadas y exportadas desde/hacia terceros países, incluidos los derechos de aduana, las formalidades y los controles aduaneros;
- Medidas sanitarias y fitosanitarias: el Reino Unido se incluiría inmediatamente en la lista de terceros países autorizados para permitir la entrada en la Unión de animales vivos y productos de origen animal procedentes desde allí, pero será necesario garantizar el cumplimiento de las condiciones sanitarias y fitosanitarias aplicables a la importaciones de terceros países;
- Derechos de pesca: se prevén medidas compensatorias para los pescadores y operadores de la Unión Europea en el marco del Feamp, el Fondo Europeo para Asuntos Marítimos y Pesca para el cese temporal de las operaciones de pesca. La Unión puede permitir el acceso de los buques británicos a las aguas de la UE hasta finales de 2019 siempre que los buques europeos puedan acceder a las aguas territoriales británicas;
- Ayudas estatales: las normas comunitarias sobre ayudas estatales permiten enfrentarse a los aspectos críticos de las empresas europeas, especialmente las PYME, en caso de necesidad de recursos financieros y asistencia técnica;
- Contratación pública: la legislación de la UE ya no se aplicaría en el Reino Unido. De acuerdo con la legislación de la UE, el procedimiento de contratación pública se rige por la legislación vigente en el momento del inicio del procedimiento. Los operadores británicos que hagan una oferta para un contrato con un Estado miembro de la Unión serían considerados operadores de terceros países. Mayores garantías para los operadores económicos europeos y británicos, derivarían de la adhesión del Reino Unido al Acuerdo sobre contratación pública de la Organización Mundial del Comercio;
- Acuerdos internacionales: dejarían de aplicarse al Reino Unido, pero debería hacerse una distinción entre los acuerdos bilaterales y los acuerdos multilaterales. Los bilaterales existentes dejarán de tener efectos, mientras que los nuevos podrían concluirse si no cubren los asuntos previstos en el artículo 3 del TFUE, el Tratado de Funcionamiento de la Unión, que es competencia exclusiva de la Unión Europea. En cuanto a los acuerdos multilaterales, como los de la Organización Mundial del Comercio, el Reino Unido se convertirá en miembro de forma individual: las relaciones con los Estados miembros de la UE se regirán por el derecho internacional;
- Cualificaciones profesionales: si un ciudadano comunitario obtiene una cualificación profesional británica después del Brexit, los procedimientos de reconocimiento serían aquellos aplicados a un tercer país. Si un ciudadano británico pidiera el reconocimiento en Europa de sus calificaciones profesionales, ídem. Con respecto a la prestación de servicios temporales u ocasionales por parte de un ciudadano británico en la UE, el reconocimiento se basaría en la legislación del Estado miembro en cuestión.
Para más información se recomiendan los siguientes enlaces:
Comisiòn Europea - Preparativos para Brexit