Stop con la jungla de incentivos a las empresas. El Consejo de Ministros ha aprobado, con un procedimiento de urgencia, un proyecto de ley para revisar todo el sistema, que en el futuro estará regulado por un Código de Incentivos.
En el plazo de veinticuatro meses desde la entrada en vigor de la ley, el Gobierno deberá aprobar uno o varios decretos legislativos para la definición de un marco orgánico para la activación del apoyo público a través de incentivos a las empresas, de forma que se racionalicen y simplifiquen las ayudas y se reduzcan los plazos y costes de las correspondientes solicitudes.
Según la última encuesta de 2021, el sistema nacional de facilitación registró un número impresionante de medidas, sin relación entre sí: 1.982 intervenciones de facilitación, de las cuales 229 por parte de las administraciones centrales y 1.753 por parte de las administraciones regionales.
Las nuevas normas introducen, entre otras cosas, los siguientes principios rectores para las medidas de fomento:
- planificación de las intervenciones por parte de cada administración e indicación de su extensión temporal, también plurianual, de forma que se garantice un apoyo que tienda a ser continuado y adecuado a los fines establecidos;
- mensurabilidad del impacto en el ámbito económico objeto de los incentivos, sobre la base de la evaluación in itinere y ex post de los efectos obtenidos;
- refuerzo de la cohesión social, económica y territorial para un desarrollo económico armonioso y equilibrado de la Nación, con especial referencia a las políticas de incentivos para la base productiva del Sur;
- valorización de la contribución de las mujeres al crecimiento económico y social de la nación.
Las intervenciones reguladoras deben permitir
- la racionalización de la oferta de incentivos, mediante la identificación de un conjunto limitado y definido de modelos de facilitación;
- la codificación de las normas de procedimiento relativas a los incentivos empresariales, que se armonizarán y coordinarán en un "Código de incentivos".
La medida también pretende promover la digitalización y simplificación de los procedimientos de incentivación y una mayor coordinación de los instrumentos ya existentes, como el Registro Nacional de Ayudas Estatales (RNA) y la plataforma telemática "incentivi.gov.it".