El Consejo de Ministros ha aprobado un proyecto de ley por el que se introducen medidas de apoyo a la competitividad del capital.
El proyecto de ley constituye una reforma orgánica cuyo objetivo es incentivar la cotización de las empresas, ampliar la estructura accionarial de la Bolsa italiana y apoyar a las empresas que pretenden crecer y aumentar su competitividad recurriendo al mercado de capitales.
El documento simplifica los procedimientos de admisión a cotización, reduce las cargas para las empresas que deseen cotizar y amplía la clasificación de "pequeñas y medianas empresas" emisoras de acciones cotizadas, elevando el límite máximo de capitalización de 500 millones de euros a 1.000 millones. El decreto también reforma la regulación de los emisores de instrumentos financieros generalizados y modifica las normas sobre la responsabilidad del agente colocador y las ofertas no presenciales.
El texto también interviene en la elaboración de los estados financieros, dando la opción a las empresas con acciones en sistemas multilaterales de negociación de adoptar normas internacionales de contabilidad. Para facilitar la participación de los inversores institucionales en los mercados regulados, el estatuto de inversor profesional de derecho privado se amplía también a las instituciones de seguridad social privadas y privatizadas. También se amplía la posibilidad de acceder al instrumento "Patrimonio rilancio", creado por la Cassa Depositi e Prestiti, a las empresas resultantes de fusiones o escisiones pero con estados financieros auditados y a las empresas que no hayan sido sancionadas o condenadas.
El decreto también introduce normas innovadoras sobre el desarrollo de las juntas de accionistas de las sociedades anónimas cotizadas, el ejercicio de derechos de voto múltiples y el free float.